27 Feb 2019

EL MUNDO, 27 Febrero 2019. El culebrón en torno al almacén de gas submarino Proyecto Castor, ubicado frente a las costas de Castellón, no cesa. El MIT y Harvard, las dos prestigiosas instituciones a las que a priori se encargó un estudio para determinar el futuro de la instalación en función de su peligrosidad sísmica, se desmarcan ahora del documento remitido al Ministerio de Industria y Energía en 2017 que advertía de que la nueva puesta en marcha del almacén no ofrecía garantías de seguridad.

En una serie de cartas remitidas a los responsables de Escal UGS -la compañía propiedad del grupo ACS a la que fue otorgada la concesión- varios responsables académicos de los departamentos de ciencias de estos centros aseguran que se trata de un trabajo realizado a título particular por profesores y que en ningún caso se trata de un «informe oficial».

«Se trata de un informe realizado por expertos, un equipo que incluye profesores del MIT y Harvard, actuando como consultores externos», explica a EL MUNDO el coordinador de los trabajos, Rubén Juanes. Este investigador de origen gallego comenta que el personal del MIT puede dedicar un 20% de su tiempo a trabajos externos que exceden sus labores académicas.

En la misma línea se manifiesta también a este diario el veterano profesor Nafi Toksoz, miembro del departamento de Tierra, Atmósfera y Ciencias del Planeta (EAPS) del MIT desde 1965 y fundador del Laboratorio de Recursos Terrestres de la institución. Toksoz es considerado una eminencia en el campo de la geofísica y la sismología tras haber firmado más de 300 informes técnicos durante su etapa en activo, si bien en el caso del texto sobre Castor dice que «no tuvo conocimiento sobre ese estudio hasta mucho después de que el informe se completara y se publicara en medios españoles».

En las cartas remitidas a los responsables de la concesionaria Escal UGS que construyó el almacén se mostró todavía más contundente: «Es incorrecto señalar que el documento es del MIT-Harvard. El estudio se realizó por académicos de estos centros como consultores independientes [...] y no estoy seguro de si ellos sabían las consecuencias legales y económicas de su estudio».

Toksoz no ha sido el único profesor que se ha desvinculado de las conclusiones del informe. También rechazan que se trate de un documento oficial el jefe actual del departamento EAPS del MIT, el decano del departamento de Ciencias del MIT y su homólogo en Harvard. Todos coinciden en señalar que «no es un documento oficial» de las instituciones y que ellos no participaron en su elaboración.

La negativa choca así con la postura defendida hasta ahora por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital -hoy de Transición Ecológica- y por Enagás, la empresa participada en un 5% por el Estado que se encarga de la operación del sistema gasista. «El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha recibido los informes encargados al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y a la universidad de Harvard sobre el almacén de gas Castor de los que se concluye que no existe certeza absoluta de que no vuelvan a producirse movimientos sísmicos en la zona si la instalación iniciara su operación», alertaba una nota de prensa oficial fechada el 3 de mayo de 2017 tras la presentación pública del informe en el ministerio.

La propia Enagás también señala en una respuesta al juez que investiga el caso Castor que el ministerio le encomendó «explícitamente» que la ejecución del trabajo se realizase por el MIT. Fuentes de la compañía insisten en que su papel en todo este asunto ha sido de «intermediación» tras el requerimiento ministerial y que el primer contacto con los académicos que realizaron el trabajo se llevó a cabo desde el departamento que en aquel momento dirigía José Manuel Soria.

Los responsables de Escal remitieron la pasada semana al Ministerio de Transición Ecológica un contrainforme que intenta tumbar las conclusiones del MIT. «Los resultados principales son inconsistentes, contradictorios e incompatibles y, por tanto, lo invalidan», señalan.

https://www.elmundo.es/economia/2019/02/27/5c758b2cfdddff943a8b46dc.html