20 Jul 2020

Tierra y Tecnología, 17 julio 2020. Casi todo el mundo parecemos estar de acuerdo en la necesidad de caminar hacia sociedades más sostenibles, menos agresivas con el medio ambiente. Sin embargo, esta es una cuestión más relacionada con los sentimientos que científica, en la medida que lo consideramos necesario simplemente porque estamos convencidos de que es bueno, según nuestra percepción. Por otro lado, la cuestión que sí debe responder la ciencia es cómo avanzar hacia este objetivo, y de este modo, la acción política debe estar orientada por datos contrastados y hechos científicos.

España es un país con una producción prácticamente nula de hidrocarburos. Sin embargo, como cualquier país desarrollado, consumimos una desorbitada cantidad de ellos. Concretamente, según la estadística anual de CORES (ver tabla a continuación), entre 2014 y 2018 España importó una media anual de 64,3 Millones de toneladas de petróleo, y el equivalente a 378,6 GWh de gas. Las cantidades importadas de estas materias primas han aumentado sensiblemente en dicho periodo de tiempo. Traducido a Euros corresponden aproximadamente a 24.000 y 7.600 millones de Euros anuales, respetivamente.

Es dinero que sale de España hacia los países productores. Por tener un orden de magnitud, se estima que la Renta Mínima nos costará 3.000 millones anuales, la Prestación por Desempleo nos cuesta 17.000-30.000 millones y las pensiones 135.000 (son datos de prensa, no pretenden ser exactos).

Tratar de estimar qué parte de la factura de los hidrocarburos nos podríamos ahorrar es casi ciencia ficción, pues no sabemos la cantidad de reservas de hidrocarburos de que disponemos en el subsuelo ¿Y por qué no lo sabemos? Pues porque el subsuelo de España se ha investigado realmente muy poco. En general, esto se debe a un interés escaso por parte de las empresas (desde los años 80 toda la investigación de hidrocarburos en España se ha llevado a cabo por empresas privadas). Sin embargo, durante la última década, ha existido un interés renovado, y con ello la posibilidad de reducir la dependencia de las importaciones – sí se hubiera aplicado la técnica de fractura hidráulica – ya que se hicieron estimaciones y éstas eran prometedoras. En todo caso, hasta que no se perfora y se estimula una determinada formación productora, cosa que no ha ocurrido en ningún pozo, no se pueden evaluar con precisión las reservas. Por otro lado, en tiempos recientes, tras muchos años de investigación desde los primeros indicios, se descubrió el yacimiento de gas de Viura (La Rioja), que actualmente está en producción y que se estima que tiene unas reservas capaces de abastecer a la comunidad autónoma de La Rioja durante 10 años.

Después de haber estudiado detenidamente el Proyecto de Ley del cambio climático y transición energética, no hemos encontrado ni en el preámbulo de la propuesta ni en el artículo correspondiente, argumentos que justifiquen una medida tan drástica como es prohibir nuevas exploraciones y explotaciones de hidrocarburos. En todo caso, entre los objetivos que se declaran en la Exposición de Motivos del proyecto de ley, se pueden deducir sus razones:

El principal objetivo de la Ley de Cambio Climático podría considerarse la neutralidad climática, es decir, alcanzar en 2050 el reto de no producir emisiones de CO2. Por lo tanto, se asume que hasta 2050, irremediablemente, vamos a necesitar consumir hidrocarburos tanto para producir energía como para la movilidad. Entonces, ¿contribuirá a disminuir las emisiones de CO2 si esta energía se importa? No, al contrario, contribuirá a que los hidrocarburos que usemos representen, como ya lo hacen, una emisión extra de CO2 ya que el transporte de los mismos comporta un gasto de energía, que hoy por hoy implica emitir CO2. Es decir, incrementar la producción local de hidrocarburos, además de proporcionar beneficios económicos a nuestro país, aportaría un beneficio ambiental que contribuiría a alcanzar nuestros compromisos medioambientales, y que también, a nivel global, permitirá disminuir al máximo las emisiones de CO2.

Otro objetivo es que el cambio de modelo energético permita crear empleo. No dudamos de que el Green New Deal generará inversión, negocios y con ello empleo. Esperemos que genere lo mismo que se destruya o incluso, siendo optimistas, que genere más, lo que representaría un aumento neto de 250.000-300.000 empleos en 2030, según dice el proyecto de ley ¡Ojalá que España deje de ser un país fatalista que se conforma con un 10% de paro! Sin embargo, lo más probable, es que prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos genere desempleo, no solo en el sector de las geociencias, sino en de todas las industrias afines. Es evidente que prohibir una actividad difícilmente puede crear empleo. Parece, por lo tanto, que la decisión de acabar con la exploración y explotación no se alinea con este objetivo. De Perogrullo ¿no? Considerando al resto de los españoles, no solo a los vinculados a las geociencias, cabe señalar que la explotación de hidrocarburos es una actividad con fuerte impacto positivo en áreas rurales, generadora de empleo industrial, cualificado y de calidad; algunas de las regiones de la denominada España Vaciada podrían beneficiarse de un aumento de la actividad económica y por lo tanto aumentar su demografía.

Probablemente, aunque el proyecto de ley no lo plantea literalmente así, los redactores de esta ley creen firmemente que la exploración y explotación de hidrocarburos es una industria altamente dañina para el medio ambiente y, en consecuencia, están legislando razonablemente para evitar un problema que ellos consideran muy grave. Así, es posible que con esta ley pretendan incrementar la protección del medioambiente. Cabría pedir que se explicara cuáles han sido las experiencias tan negativas que ha tenido España para tener que tomar tan drástica resolución. Lo cierto es que, a pesar de que han existido algunos accidentes, éstos han sido muy escasos y, lo más importante, muy leves. Quizá habría que hacer una encuesta entre los habitantes de municipios de Burgos, Álava, La Rioja, Tarragona, Castellón, Sevilla y Huelva, en los que ha tenido un desarrollo la exploración y producción de hidrocarburos preguntándoles por los incidentes, sus consecuencias y si les compensó la riqueza generada. Conviene recordar que todas las actividades económicas, no solo las industriales, acarrean riesgos para el medio ambiente y para salud. También las industrias renovables tienen un gran impacto en el medio ambiente. Así, los aerogeneradores producen mortalidad entre las aves, que colisionan contra sus palas en movimiento, pero parece que nuestra sociedad considera aceptable este impacto medioambiental. Tanto la industria solar como la eólica necesitan grandes cantidades de metales poco abundantes para desarrollar su tecnología. Además, la transición a las energías renovables exige, por una parte, enormes cantidades de cobre y otros metales conductores para transportar la electricidad, y por otra, materias primas críticas (grafito, litio, cobalto, etc) para fabricar baterías que permitan el almacenamiento de energía. Para todo esto se necesitarán nuevas minas que involucran grandes movimientos de tierras. Espero que nadie se ofenda si a estas alturas llamo la atención sobre el hecho de que la minería implica impactos ambientales, tanto si es para contribuir a la transición energética, como para fines especulativos. Lo más llamativo es que estos impactos parecen aceptables, en este caso aún más, ya que tienen lugar en otros países – del tercer mundo casi todos – lejos de nuestros campos de recreo, de donde llegan pocas quejas. Podemos consolarnos pensando que la transición energética solo se podrá solucionar cuando la industria aeroespacial consiga bajarnos del cielo un asteroide lleno de metales estratégicos, pero en tanto que esto ocurre habrá que ir avanzando con los recursos de que disponemos.

Y sí, la industria de la exploración y explotación de hidrocarburos tiene sus riesgos. La técnica de fractura hidráulica que actualmente sería necesaria para aumentar nuestros recursos de hidrocarburos a corto plazo, también los tiene. Riesgos manejables, como los de cualquier industria, monitorizables y controlables, muy probablemente con más garantías aquí, en España, que si estas actividades tienen lugar en otros países con una legislación medioambiental y laboralmente más laxa. Resulta comprensible que el riesgo que más rápidamente caló en la sociedad fue el de contaminación de las aguas de los acuíferos. Se argumentó que era muy improbable manteniendo una distancia kilométrica entre yacimientos y acuíferos, se contratacó con el principio de precaución que, como el sentido común, es un concepto ambiguo, muy poco científico. En algún momento se llegó simplemente a decir que cualquier cosa que se haga en el subsuelo es incontrolable, una idea sencilla, fácil de asimilar por cualquiera. Sin embargo, existen una serie de profesionales y científicos, los geólogos, y también ingenieros de minas y geofísicos, que nos dedicamos a conocer el subsuelo. Al parecer, nuestra sociedad no puede asumir el riesgo de que se inyecte un biocida en el subsuelo, si es para la explotación de hidrocarburos, pero le preocupa poco tomarlo cada día en el agua del grifo: se llama hipoclorito sódico o lejía, usado de toda la vida para potabilizar el agua. También es asumible, para la mayoría, el uso de fertilizantes y plaguicidas en la agricultura – parte de ellos estos también van a los acuíferos – sin embargo, parece que todos entendemos que hoy no se puede producir el volumen de alimentos que necesitamos sin ellos, y que los hidrogeólogos se preocupan de monitorizar que se encuentren en proporciones aceptables, no dañinas.

Los geólogos no podemos dejarnos ningunear ante colectivos que no tienen conocimientos de geología. Nosotros debemos convencer a la sociedad de que tenemos tanta capacidad para encontrar los recursos como para definir las medidas ambientales que permitan su explotación controlada.

Lamentamos comprobar que esta sociedad ecoburguesa se ha vuelto tan hipócrita. Por una parte, nos preocupa mucho que suba el nivel mar 40 centímetros dentro de 100 años. Como geólogos sabemos que esto tendrá su impacto, pero, por otra parte da la sensación de que hoy, en comparación, preocupa poco que en el tercer mundo lleven en emergencia de hambruna, sequía, salud y dignidad desde que empezamos a llamarles tercer mundo. También lamentamos, aún más, el nivel de la política española actual que se mueve a ritmo de likes, es decir, de estimación de voto. Porque efectivamente, esto es lo único que representa la pretendida prohibición de la exploración y producción de hidrocarburos, una decisión arbitraria, un brindis al sol para adornarse con la medalla ecologista, una operación de imagen. No piensen que yo me siento por encima del bien y del mal, tampoco me apetece que construyan una cárcel en mi municipio, o una incineradora, o una granja de cerdos, o un pozo de petróleo detrás de mi casa, o un aerogenerador bufando día y noche, sin embargo, espero que nuestros gobernantes actúen por el interés general, por encima de consideraciones electorales cortoplacistas.

Tampoco piensen que este artículo pretende atacar el color político de nuestros gobernantes actuales, por experiencia podemos afirmar que casi todos los grupos de opinión (partidos políticos, sindicatos, la prensa e incluso organizaciones empresariales) han maniobrado a este respecto en función de la percepción social del asunto, obviando la evidencia científica.

Para ilustrar este último argumento, tiraremos de la hemeroteca. El ex-Lehendakari Patxi López regresó de Dallas (EEUU) en 2011 anunciando en todos los medios que había gas en Álava para abastecer al País Vasco durante 5 años. Podemos suponer que entonces consideraría que la fractura hidráulica, necesaria para extraer dicho gas, no debía suponer un riesgo inaceptable para el medioambiente y para la salud pública. Esto puso en pie de guerra a los grupos ecologistas. Patxi López perdió las elecciones en 2012. Y finalmente, 9 años después aquí estamos con una propuesta de ley para prohibir la exploración y producción de hidrocarburos, sin que se haya aplicado la fractura hidráulica en un solo pozo. Avanzamos así hacia la sociedad del desconocimiento.

Para finalizar, en mi opinión, en lugar de prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos, un gobierno serio haría mejor en desarrollar un plan de exploración controlado, monitorizado y garantizado ambientalmente desde las propias instituciones, que nos permitiera saber el valor de los recursos de que disponemos y los riesgos reales que implica su explotación.

Tierra y Tecnología nº 56 | Autor: Carlos Peropadre es Doctor en Geología, trabaja en el Instituto Geológico y Minero de España como técnico de Geología del Subsuelo y como Profesor Asociado en la Universidad Complutense de Madrid. En el pasado trabajó como consultor en la caracterización geológica y evaluación de riesgos para la elaboración de estudios de impacto ambiental de permisos de investigación de hidrocarburos, convencionales y no convencionales, estratigrafía y sedimentología de almacenes de hidrocarburos, almacenamiento geológico de CO2 y de energía. Colegiado nº 3688.

Agradecimientos: el autor agradece la labor editorial de Ester Boixereu, que ha contribuido a mejorar la calidad de este artículo de opinión.

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