5 Feb 2019

EXPANSION, 5 Febrero 2019. Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, ha dado por hecho hoy que el problema del Castor acabará en un enfrentamiento en los tribunales, descartando así un acuerdo amistoso para resolver quién y cómo se paga el multimillonario fracaso de ese almacenamiento de gas subterráneo frente a las costas de Castellón.

El almacenamiento de gas de Castor, cuya construcción fue realizada por Escal, en la que participaba ACS, se elevó a más de 1.300 millones. Pero Castor no llegó a entrar en operación porque tras su construcción se detectaron cientos de pequeños movimientos sísmicos. En la actualidad, está cerrado, aunque desde hace dos años los tribunales discuten quién debe pagar el coste de la obra. En su día, el Tribunal Constitucional tumbó el decreto por el que se indemnizó a Escal por el coste de la obra. Pero a partir de ahí se originó un laberinto jurídico para esclarecer quien tiene que asumir los 1.300 millones de coste.

Santander, CaixaBank y Bankia, que financiaron el pago de la infraestructura cargando con los bonos que se emitieron para cubrir la factura, acudieron al Supremo demandando al Gobierno por responsabilidad patrimonial. Las entidades, no obstante, han intentado una vía de acercamiento para encontrar una solución amistosa, que ahora, parece totalmente descartada por el Gobierno.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha inaugurado hoy unas jornadas de la Fundación Funseam en Barcelona, ha declarado que "dada la complejidad jurídica" de este asunto, el problema de Castor acabará "judicializado". Ribera tiene claro que el Castor, como almacenamiento de gas, "ha pasado a la historia". Ahora es una iniciativa que "no tiene sentido". En lo que hay que trabajar ahora es en "taponamiento definitivo" de ese almacenamiento, y en "su desmantelamiento". Ribera no concretó tampoco quién debe asumir el coste de esas obras de desguace. Enagás, por su parte, que era la empresa que se estaba encargando del mantenimiento de Castor para evitar su deterioro, también ha iniciado trámites administrativos para, después, poder reclamar jurídicamente el dinero del coste de ese trabajo, una vez que la nueva normativa de peajes gasistas ha eliminado la partida asignada para esa actividad.

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